Responderemos a la pregunta del título en la primera línea: Absolutamente no. Hace unos días leímos en el Diario Correo unas supuestas declaraciones de una Congresista del Frente Amplio en las que proponía buscar un “acuerdo de paz” entre el Estado Peruano y Sendero Luminoso, de manera similar al reciente acuerdo entre el Estado Colombiano y las FARC. La respuesta de la Congresista fue tergiversada y Correo tuvo que pedir disculpas por ello.
Correo, al igual que otros diarios de extrema derecha como La Razón o Expreso, una vez más distorsiona el debate en torno al real problema que aún representa Sendero Luminoso para la sociedad peruana. Comparar a Sendero Luminoso con las FARC como organizaciones, así como hallar analogías entre las posibles respuestas que los estados Peruano y Colombiano puedan tener, son un absurdo lógico desde cualquier punto de vista. Creo que para demostrar eso, bastaría ver la vergüenza internacional que nuestro ex Ministro Rafael Rey nos hizo pasar recientemente (ver AQUÍ); sin embargo queremos aquí desarrollar algunos argumentos que nos permitan entender mejor lo diferentes que son ambos casos. Vamos por partes:
1). El contexto colombiano no puede extrapolarse al Peruano. En Colombia sí se ha vivido un auténtico conflicto armado interno, en donde, con ciertos matices, hemos visto grupos beligerantes bien definidos, uniformes, distintivos militares y un cierto marco común de referencia al Derecho Internacional de los Conflictos Armados; incluida la participación de actores humanitarios y ONG’s internacionales como la Cruz Roja. En el Perú tuvimos una reacción Estatal a una insurgencia terrorista, no un conflicto armado interno. En Perú, Sendero no sólo no respetó normas básicas del Derecho de Guerra (para empezar, no tomaba rehenes, ya que mataba a todos los que podían) sino que basó su estrategia en métodos de combate no convencionales, destrucción de infraestructura, infiltración, guerra de propaganda, sabotaje y asesinatos selectivos. En consecuencia, un número importante de las víctimas fueron campesinos quechuablantes del interior del país como producto del fuego cruzado entre los agentes del Estado y los terroristas.
2). En Colombia se entiende que para lograr una auténtica reconciliación nacional, es necesario establecer una narrativa común mínima (una “verdad oficial”) sobre los hechos del conflicto, y un rechazo expreso de la violencia como método para lograr objetivos políticos. Si bien este es aún un punto en construcción, el acuerdo de paz logrado en Colombia abre una ventana de oportunidad para que los actores del conflicto puedan repensar su historia juntos. En Perú, luego de 13 años de creada, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) no ha logrado establecer un consenso medianamente aceptado por las partes sobre lo que ocurrió durante el proceso 1980-2000, siendo hasta hoy blanco de críticas provenientes tanto de los grupos herederos de Sendero como de amplios sectores de las Fuerzas Armadas, por distintos motivos. Para los primeros, la CVR es una herramienta ideológica imperialista; mientras que para los segundos, estos serían aliados de los terroristas con el objetivo de destruir a las Fuerzas Armadas. Los defensores de la CVR dirán que eso es normal cuando hay de por medio temas de DDHH; lo cual es sólo parcialmente cierto. El excesivo corporativismo en torno a su organización (ligado a un sector político muy específico proveniente de una Universidad muy específica), la excesiva corrección política para analizar los hechos y (hay que decirlo) el sesgo notoriamente antimilitar de varios de los comisionados generaron desde el inicio innecesarias antipatías entre ciertos sectores cuya participación era clave para el proceso de reconciliación nacional. Sólo este hecho nos pone ya en las antípodas de la situación colombiana.
3). No es posible negociar con gente que niega en sí misma a la negociación como método para llegar a acuerdos. Ninguno de los herederos políticos de Sendero Luminoso es un interlocutor válido para establecer algún tipo de negociación debido a sus particulares características como consecuencia del llamado “Acuerdo de Paz” entre Guzmán y Fujimori en 1993. Con Artemio capturado y el Sendero del Huallaga desarticulado, quedan los mandos militares del VRAEM y el MOVADEF-FUDEPP. Nuevamente, ¿con quién negociar? De un lado, ¿Qué paz se puede negociar con combatientes que han convertido sus objetivos ideológicos en un mero antifaz para encubrir sus reales actividades como sicarios del primer eslabón de la cadena de producción y distribución internacional de cocaína? Y del otro lado, ¿Qué paz se puede negociar con fanáticos que niegan radicalmente que haya existido terrorismo en el Perú alguna vez, que creen que Abimael Guzmán es un preso político, y que tanto los actores estatales como los senderistas estaban al mismo nivel dado que nos encontrábamos en un proceso de guerra civil? (no es casualidad que una de las propuestas del MOVADEF sea la de lograr una “Amnistía General” que abarque desde Abimael hasta Fujimori).
4). Finalmente, la pregunta más importante (y la más obvia) de todas sería: ¿Por qué tendríamos que negociar un acuerdo de paz con ellos, y para obtener qué? O dicho a la inversa, ¿Actualmente vivimos en estado de guerra con Sendero? ¿Es Sendero una amenaza existencial para el Estado Peruano? Personalmente creo que no. En el VRAEM el problema no es Sendero, sino el narcotráfico; mientras que en los últimos años se han vuelto evidentes las limitaciones del MOVADEF (hoy FUDEPP) para articular una propuesta política que vaya más allá de los intereses de los familiares de ex senderistas.
En conclusión, el Sendero Luminoso actual no sólo es el rezago de un pasado que no se termina de ir, sino la consecuencia de un proceso de reconciliación mal enfocado y mal ejecutado, a lo que se suman las históricas deficiencias del Estado Peruano para lidiar con las condiciones sociales que lo originaron (desigualdad, discriminación, desempleo, excesiva asimetría entre las condiciones de vida en los espacios urbano y rural, etc.). Bajo estas consideraciones, un acuerdo de paz entre el Estado y Sendero (ya sea como MOVADEF o FUDEPP) implicaría reconocerle a éste una importancia que no tiene; ya que su real capacidad de movilización política está limitada estructuralmente por su dogmatismo ideológico, además de no representar una amenaza para el Estado desde el punto de vista político o militar.
