(Nota de Inicio: Amigo no-envarado que regresas al Perú con tu Master o Ph.D. en el extranjero, si piensas que por haber aprendido cosas ‘de sentido común’ y querer volver a tu país movido por el deber patriótico de aplicar en él los conocimientos aprendidos, te anticipamos que va a ser bien difícil que lo logres. Ellos preferirán poner a un ‘Bachiller con 10 años de experiencia’ que ganará 12,000 soles y tú no lo entenderás. No te preocupes, aquí te explicamos por qué).
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Para entender las coordenadas del conflicto que se viene, tenemos que entender primero el rol actual que cumple el neoliberalismo en el Perú, así como su evolución a nivel internacional.
Un poco de Historia al respecto: La primera oleada neoliberal de los 80’s e inicios de los 90’s, el llamado ‘Consenso de Washington’ entendía la función del Estado en sentido negativo; debiendo éste delegar una gran cantidad de sus funciones en el sector privado, generando a la vez condiciones que favorezcan las capacidades del país para atraer inversión extranjera. Privatizaciones, desregulaciones, reducción del tamaño del Estado, liberalización del comercio, eran algunas de las recetas que en su momento se consideraban como única vía a seguir para generar crecimiento económico. Este crecimiento económico se entendía como el camino correcto y automático hacia la tan mentada ‘institucionalización’ de la política, y por ende, hacia el desarrollo humano. Esta idea fue fuertemente promovida por los dos principales organismos financieros internacionales existentes (el FMI y el Banco Mundial) como exigencia a países subdesarrollados (entre ellos el nuestro) que requerían nuevos créditos para tapar sus déficits fiscales y resolver sus crisis económicas internas.
(Fujimori y Hernando de Soto en 1990)
Dado que este recetario sólo consideraba las funciones del Estado en sentido negativo, no se contemplaba la posibilidad de que Estados reducidos en capacidades pudiesen combinar economías de libre mercado (y un cierto nivel de crecimiento económico) con índices rampantes de corrupción (algo que hasta entonces, se entendía inherente a la actividad estatal). El Perú de Fujimori y la Argentina de Menem fueron dos ejemplos de esto, e inspiraron a los organismos que generaron estas ideas a proponer a fines de la década de los 90’s, medidas de ‘Gobernanza’ orientadas a la ‘profundización del modelo’, haciendo énfasis en la recuperación de capacidades estatales para hacer funcionar de manera más eficiente las diversas economías que empezaban a liberalizarse alrededor del mundo en esa época: Transparencia, accountability, good governance, entre otras. Estas medidas apuntaban ya no sólo a la fórmula de ‘crecimiento económico para la reducción de la pobreza’, como planteaba el primer neoliberalismo, sino en ‘capacidades estatales para reducir la desigualdad’, aceptando implícitamente que no todos ganaban con el modelo vigente y que eran necesarios ajustes que permitieran reducir ciertas brechas entre ganadores y perdedores. A esto se ha convenido en denominar ‘el Post-Consenso de Washington’ (este término no lo hemos acuñado nosotros y hay abundante bibliografía al respecto).
¿Y qué tiene que ver esto con PPK? En que si bien la esperanza que PPK generaba era muchísimo más modesta que la que en algún momento generó Humala, sin duda había cierta expectativa sobre el carácter ‘modernizador’ de su propuesta: Siendo un operador vinculado desde muy joven a los Organismos Financieros Multilaterales, lo esperable de PPK hubiera sido un neoliberalismo inspirado en el Post-Consenso de Washington, el cual implementara reformas institucionales que vayan más allá de las soluciones noventeras de privatización y desregulación, apuntando a una expansión de las capacidades (y no del tamaño) del Estado: Expandir la base tributaria nacional, transparentar y homogeneizar el sistema de contrataciones estatales y la carrera pública, transferir las funciones de planeamiento del MEF al CEPLAN, políticas de ‘puertas giratorias’ para evitar la excesiva penetración de intereses privados en la toma de decisiones, ordenar el proceso de descentralización y una auténtica separación entre Estado e Iglesia en lo que concierne a Políticas de Salud y Educación, eran solo algunas de las tareas pendientes. Todas esas medidas tan ‘técnicas’ y nada ‘rojas’ ni ‘antisistémicas’ hubieran sido suficientes para hacer de Kuczynski el reformista que el país necesitaba frente a la llegada del Bicentenario.
“(…) si bien la esperanza que PPK generaba era muchísimo más modesta que la que en algún momento generó Humala, sin duda había cierta expectativa sobre el carácter ‘modernizador’ de su propuesta”
¿Qué ha ocurrido en vez de eso? La consolidación de una tendencia que ya era parcialmente notoria en el segundo gobierno de Alan García y que es claramente delineada por Humala: La política sin proyecto y el piloto automático como fetiche; el Post-Humalismo del cual ya hemos hablado en tantas ocasiones. En esto discrepamos con las posiciones que señalan que en el Perú habría una especie de ‘dictadura tecnocrática’ cuyo origen estaría en la cabeza de ciertos anónimos mandarines encerrados en un bunker en el MEF, quienes responderían sólo a los intereses de la CONFIEP y de sus patrones en el extranjero, impidiendo hacer las reformas necesarias. Sería genial que así fuera porque al menos esa supuesta dictadura de tecnócratas manejaría todas las variables a modificar en el Estado y le daría una dirección de ‘eficiencia y eficacia’ al manejo de los dineros públicos. Lamentablemente, la realidad es mucho más triste y mediocre.
La ‘política sin proyecto’ implica que los políticos quieren tener poder, pero no se sabe para qué, más allá de satisfacer pequeños egos personales en el mejor de los casos, o como una extensión de los negocios personales, en el peor. Nosotros lo definimos como la extensión de los principios del primer neoliberalismo a la totalidad del Estado: Todo se compra y todo se vende sin ningún control, orden o principio rector, salvo la discrecionalidad del Poder Ejecutivo de turno para preservar ciertas ‘áreas estratégicas’ que den continuidad al gobierno sin que los conflictos sociales lo desborden. Es la ley del mínimo esfuerzo como principio supremo de la organización del Estado. En un excelente artículo, el profesor Roger Merino desarrolla más esta idea, denominando a este fenómeno como ‘gobernanza sin gobierno’ (ver aquí: http://rumboeconomico.com/…/poder-politico-en-el-peru-o-la…/). En ese contexto, los costos de transacción política (léase, faenones y aceitadas) son aún más elevados; ya que la política se reduce a una competencia entre diversos grupos por la repartija de cargos públicos, en donde los más altos dependen de redes de exclusiva confianza y lealtad; si es que no están puestos a la venta. Según el tarifario oficial (tan citado y mentado en los cafés y restaurantes que rodean las inmediaciones del camino entre la Avenida Abancay y la Plaza de Armas), los CAS de 9000 soles para arriba están en un 85-90% dirigidos y/o con precio de compra (10,000-12,000 soles en promedio); mientras que los realmente concursables (para los cuales hay una competencia feroz) tienen como tope 5000 soles.
Este es el modelo de gobierno que Pedro Pablo Kuczynski ha heredado, y bajo el cual viene operando hoy sin mayores conflictos ideológicos o políticos que los que una bancada de 73 analfabetos funcionales pueda ofrecer. Y ese es el escenario general de la crisis que se viene.
Continuará…