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La agenda de las mujeres entre las paradojas del Estado y la República pendiente

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Dicen que eso de nombre tan rimbombante, eso a lo que se le ha denominado “República”, nació del deseo de las sociedades por construir realidades más justas en las que cada quien pueda ser tratado como igual ante la ley. Dicen que emergió como respuesta al anquilosamiento de los modelos tradicionales, mayoritariamente monárquicos y amparados en creencias religiosas, para brindarle a la gente una condición relacional que asegurase libertad y no servidumbre o esclavitud. Dicen que nuestro país está próximo a cumplir doscientos años de vida republicana. Dicen, y uno se pregunta: ¿República? ¿Para quién?

Transcurren días más que agitados en términos de movilización social. Para las mujeres todas por su identidad de género, independientemente de su orientación sexual (entiéndase también las lesbianas, bisexuales y trans); son fechas de suma importancia en medio de la iniciativa #NiUnaMenos que viene articulando a organizadas como no organizadas de todo el país, en torno a la importancia de combatir toda expresión de violencia derivada de las relaciones de género, tanto como los desenlaces de impunidad en los que los casos de Lady Guillén, Cindy Arlette y María Elena Chumbimune, entre otros, son muestra de una cifra tristemente mayor.

No hace muy poco, a partir de estos casos y en el contexto del movimiento que ha nacido intensamente en la virtualidad de las redes sociales, uniendo testimonios y organización; se consiguió que el gobierno saliente de Humala aprobara el Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2016-2021. Este documento de gestión que nace del trabajo sostenido de la sociedad civil a través de los colectivos de mujeres, así como del compromiso de diversos funcionarios públicos; servirá para orientar la política de todas las instituciones públicas hacia la reducción de todas las formas en las que se hace expresa la violencia contra la mujer: esterilizaciones forzadas, feminicidio, acoso callejero, acoso laboral, violencia psicológica y violencia sexual, reconociendo incluso componentes que favorecerán a la comunidad TLGB.

Sin embargo, y en medio de la alegría compartida por quienes vienen siguiendo el proceso de las políticas públicas en materia de igualdad de género y mujer; el sinsabor no tardó en llegar. La Fiscalía a través de la decisión de Marcelita Gutiérrez, optó por archivar la denuncia contra el ex presidente Alberto Fujimori y sus ex ministros de salud, Eduardo Yong, Costa Bauer y Alejandro Aguinaga; en relación de las más de las 300 mil mujeres esterilizadas contra su voluntad durante la década de los noventas, siendo campesinas y quechuahablantes las principales afectadas. La decisión deja más de una década de procesos judiciales, declaraciones y llantos, en el rincón de la impunidad más absurda que acepta que sí hubo una política pública de esterilización, mientras indica que no estaba dirigida a violar derechos humanos. Argumento tan incomprensible como canalla.

Así de contradictorio es el proceder del Estado y de sus instituciones públicas. Mientras el Gobierno central lograba sacar adelante un documento de planificación para la gestión de los asuntos públicos que afectan a las mujeres, día a día; el mismo Estado pero a través de un Fiscal, conseguía prolongar las lágrimas y la impotencia de las miles de mujeres que siguen sin saber por qué no se les consultó sobre sus cuerpos y su salud. Resulta pertinente entonces, darnos cuenta que de nada sirven las miles de acciones que se dirigen a reducir las brechas de desigualdad, si por otro lado les restas derechos. Ese no es el Estado que queremos y para ello se requiere el liderazgo de Kuczynski a pesar de la mayoría fujimorista conservadora. Urge que eso a lo que le llaman “articulación” entre las instituciones públicas, deje de ser parte de la retórica técnico-académica y se convierta en realidad para la gente, para las mujeres.

El camino va a ser duro todavía, sin duda alguna, pero ello no debe de desalentar el deseo por construir una verdadera República, ni la movilización. Se requiere entonces de una “doble institucionalización”, que ordene la política al interior del Estado, de la mano con un fortalecimiento de las organizaciones de mujeres para la mayor participación ciudadana. Siendo esta una democracia en formación que requiere profundizarse, debe de convocar a todas las mujeres, a las clasemedieras, a las pobres, a las acomodadas, tanto como a las estudiantes, trabajadoras, amas de casa, científicas, gestoras públicas, empresarias, campesinas, afrodescendientes, quechuahablantes, indígenas, activistas y no activistas. Porque es tal como reza la proclama, si tocan a una, tocan a todas.

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