El 7 de diciembre de 2022 el Perú no “eligió” a Dina Boluarte: le tocó. Fue como cuando te reasignan el jefe porque el anterior se prendió fuego en público y Recursos Humanos solo dice “procedimiento”. Ese día Pedro Castillo intentó cerrar el Congreso, el Congreso lo vacó y la vicepresidenta juró. Legal, sí. Querida, no. Y ahí nació la crisis de legitimidad: un país con hambre de estabilidad recibió un gobierno transitorio con sabor a trámite impuesto.
La sucesión presidencial como ascensor que sube aunque nadie apriete el botón
La sucesión presidencial peruana es un ascensor sin mantenimiento: si suena raro, igual sube. Boluarte entró al poder por manual y se quedó por costumbre. La escena fue burocrática: banda, juramento, comunicado. El problema es que la legitimidad no viene incluida en el kit de inauguración. Se construye. Y ella arrancó con el carisma de una notificación.
Un “especialista” ficticio del Instituto Nacional de Continuidad del Caos explicó: “La legalidad garantiza la silla; el cariño es opcional”. Gracias por la sinceridad.
Gobierno transitorio con contrato indefinido y cara de “solo es un ratito”
El “gobierno transitorio” prometió calma, diálogo y elecciones, como el primo que pide sofá “dos noches” y a la tercera semana ya trajo su arroz y su desorden. Pasaron los meses y el país entendió el truco: no era transición, era instalación. Todo se justificaba con la palabra mágica “emergencia”, esa que sirve para patear decisiones mientras el reloj sigue corriendo.
El Ejecutivo hablaba en idioma de circular interna: “restablecer el orden”, “garantizar la paz”, “convocar mesas”. El Perú oía “mesa técnica” y traducía “vamos a ganar tiempo, carajo”. Porque acá el conflicto no se resuelve: se administra, como si la calle fuera cola de banco.

Protestas Perú y política de emergencia con la empatía apagada
Las protestas estallaron y el Estado respondió con el reflejo de siempre: estados de emergencia, discursos tiesos y fuerza. Hubo movilizaciones masivas, sobre todo en el sur, y organismos internacionales documentaron muertos, heridos y graves denuncias por uso excesivo de la fuerza. El país miró eso como mira el tráfico: con rabia, impotencia y un “qué más queda”.
Y tu tía aparecía en pantalla con tono de jefa que no entiende por qué el equipo está molesto: “llamamos a la calma”. La calma, señora, no se decreta. Y menos cuando el Perú siente que le han cambiado el piloto sin preguntar.
Un funcionario ficticio de la Asociación de Comunicados con Cara de Piedra defendió el libreto: “Se priorizó la gobernabilidad”. Traducción: se priorizó que la silla no se mueva.
Dina Boluarte: Rolexgate y la transparencia como accesorio de fantasía
Cuando la legitimidad está flaca, cualquier detalle se vuelve dinamita. Y entonces llegó el capítulo “Rolexgate”: relojes y joyas de lujo que la presidenta no supo explicar sin parecer que estaba improvisando en pleno examen. Hubo investigación fiscal, allanamientos y una novela de versiones que sonaban a “me lo prestaron”, “lo tenía”, “no era”. En un país donde la gente regatea el menú, la muñeca presidencial se volvió símbolo perfecto: lujo arriba, bronca abajo.
El mecanismo también hizo su trabajo: el Congreso archivó una denuncia constitucional ligada al caso, y el Tribunal Constitucional había ordenado suspender investigaciones contra la presidenta mientras estaba en el cargo, salvo supuestos muy específicos. Legalidad otra vez. Percepción pública: blindaje con moño.
Un asesor ficticio del Ministerio de Accesorios Estratégicos lo dijo sin pestañear: “La transparencia se porta con elegancia”. Ya pues.
Legitimidad en la UCI y popularidad que da vergüenza ajena
Hubo un punto en que Dina Boluarte gobernaba con aprobación de sótano, entre 2% y 4% según reportes, y aun así hablaba de “unidad” como si el país estuviera distraído. Afuera crecían el miedo y la violencia, y adentro subía el tono de “todo está bajo control”, con ministros en modo foto. La presidencia se volvió trámite con cara de resaca: aguantar, negar, culpar al ruido y esperar que la gente se canse primero. En Perú, la legitimidad no se recupera: se terceriza en comunicados.
Fujimorismo, alianzas y el arte de sobrevivir con apoyo prestado
Dina Boluarte terminó sostenida por un equilibrio feo: calle en contra, Parlamento útil. La crisis de legitimidad se volvió negocio político: unos la usaban de escudo, otros de piñata, y ella de excusa para seguir. La división no era accidente: era combustible. En vez de gobernar, se administró la pelea, como si el país fuera una discusión familiar eterna con micrófono.
Y claro, en ese ambiente, cada medida parecía “política de emergencia”. No por urgencia real, sino por falta de confianza. Todo sonaba provisional, pero el poder se comportaba como propiedad.
La salida con acta y el Perú cambiando de chofer sin bajar del carro
El 10 de octubre de 2025 el Congreso vacó a Dina Boluarte y juró José Jerí como presidente interino. La tía no cerró su ciclo con aplausos ni con gesto histórico, sino con el final clásico peruano: la sacaron con trámite. Quedó como símbolo de una etapa donde la sucesión presidencial se sintió como accidente, las protestas Perú como factura, y la legitimidad como un lujo más raro que un Rolex declarado.
No es que el país aprendiera. Solo pasó a la siguiente crisis, con la misma cara de “siga circulando”.
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